Terror

Apr 04, 2023

El Secretario General de la ONU publica un informe anual sobre "Los niños y los conflictos armados" (CAAC, por sus siglas en inglés) que analiza los casos de presuntas "violaciones graves" de los derechos de los niños en todo el mundo. (Las seis "violaciones graves" son matar o mutilar a niños; reclutar o utilizar niños por fuerzas armadas o grupos armados; ataques a escuelas u hospitales; violación u otra violencia sexual contra niños; secuestro de niños; denegación de acceso humanitario). El informe de la CAAC incluye un anexo que enumera las "partes del conflicto armado" (es decir, los grupos armados) que perpetran estas "violaciones graves". Luego, las partes incluidas en la lista se colocan bajo un marco de sanciones de la ONU conocido como Mecanismo de Monitoreo y Reporte.

Como documentó NGO Monitor en varias publicaciones, Israel es el objetivo de una campaña en curso de varios años, dirigida por ONG vinculadas al terrorismo y pro-BDS, que explotan a los niños al abogar por la inclusión de las FDI en esta lista negra. Muchas de estas ONG están financiadas por gobiernos europeos.

El anexo está diseñado para generar "medidas específicas contra los infractores, incluida la posibilidad de sanciones(énfasis añadido). Hasta la fecha, el anexo consiste casi en su totalidad en estados fallidos, milicias patrocinadas por estados y organizaciones terroristas como ISIS, Boko Haram, los talibanes y Al-Qaeda.

El informe del Secretario General publicado en julio de 2022 y que cubre 2021, amenazó explícitamente con incluir a las FDI en el anexo del próximo informe de junio de 2023 "si la situación se repite [] sin una mejora significativa".

El informe del Secretario General presenta las acusaciones de irregularidades israelíes como un hecho, afirmando la "verificación" por parte de las agencias de la ONU. Sin embargo, la investigación de NGO Monitor muestra que tales acusaciones se originan principalmente en un "grupo de trabajo" de ONG que ha estado haciendo campaña para que las FDI se agreguen al anexo y no se verifican.

Este "grupo de trabajo" incluye a Defensa de los Niños Internacional-Palestina (DCI-P), designada como entidad terrorista por Israel en octubre de 2021 por sus vínculos con la organización terrorista Frente Popular para la Liberación de Palestina (PFLP). También incluye otros grupos vinculados al PFLP, Al-Mezan y el Centro Palestino para los Derechos Humanos (PCHR), y ONG como B'Tselem que utilizan el libelo del "apartheid" y presionan a los gobiernos y las instituciones internacionales para que sancionen a Israel.

Destacando la falta de idoneidad de los socios de la ONU, el 13 de mayo de 2023, luego del conflicto de mayo de 2023 entre Israel y la Jihad Islámica Palestina (PIJ) durante el cual la organización terrorista con sede en Gaza lanzó más de 1200 cohetes contra pueblos y ciudades israelíes, PCHR emitió una declaración en la que "afirma el derecho del pueblo palestino a resistir la ocupación por todos los medios disponibles, incluida la lucha armada".

En particular, la información sobre las víctimas de Gaza a menudo se obtiene del Ministerio de Salud local dirigido por Hamas. En otras palabras, además de las ONG vinculadas al terrorismo, el informe de la CAAC se basa en gran medida en material no verificable generado por Hamas.

Desde enero de 2018, la ONG Monitor ha identificado aproximadamente 90 menores palestinos asesinados mientras cometían actos de violencia contra israelíes, incluidos tiroteos, apuñalamientos, lanzamiento de explosivos, cócteles Molotov, piedras y otros actos violentos. Estos incluyen al menos 37 adolescentes afiliados a organizaciones terroristas designadas, incluidos Hamas, PIJ, Brigadas de Mártires de Al-Aqsa, Lions Den, PFLP, Frente Democrático para la Liberación de Palestina (DFLP) y otras facciones.

Esto representa la "violación grave" de reclutamiento y uso de niños. Según un borrador del informe de 2023, la ONU solo verificó cuatro casos de reclutamiento y uso por parte de organizaciones terroristas palestinas en 2022, lo que refleja la incapacidad o falta de voluntad de las agencias involucradas para realizar una investigación efectiva.

Este fenómeno generalizado de adolescentes palestinos que cometen actos de violencia contra civiles y personal israelíes es un contexto esencial para comprender las respuestas israelíes, incluido el uso de la fuerza letal y la detención de menores. El hecho de que los informes de CAAC ignoren constantemente estos problemas refleja una dependencia de las ONG antiisraelíes y vinculadas al terrorismo, que deliberadamente buscan minimizar y encubrir la medida en que las organizaciones terroristas reclutan a los adolescentes palestinos y se involucran en la violencia.

En los últimos años, en correspondencia con la campaña de las ONG y las Naciones Unidas para incluir en la lista negra a las FDI, las publicaciones de las ONG y los informes del Secretario General CAAC han utilizado criterios que son exclusivos del conflicto palestino-israelí y que la ONU no aplica en ninguna otra parte del mundo. El doble rasero debe verse en el contexto de una campaña concertada, por parte de las ONG, los funcionarios de la ONU y las agencias que aportan datos directamente al mecanismo de informes de la CAAC, para poner en la lista negra a las FDI.

Según la ONU, la violación grave de "mutilación" constituye "cualquier acción que cause una lesión, cicatrización o mutilación grave, permanente e incapacitante a un niño".

Sin embargo, el informe de la CAAC de julio de 2022 afirma que aproximadamente el 16% de las "mutilaciones de niños por parte de las fuerzas israelíes" se debió a los gases lacrimógenos. Según el Centro para el Control de Enfermedades (CDC) de EE. UU., los efectos del gas lacrimógeno "generalmente son de corta duración (15 a 30 minutos) después de que la persona ha sido retirada de la fuente y descontaminada (limpiada)", en marcado contraste con las normas "permanentes" e "inhabilitantes" que ostensiblemente aplica la CAAC. Esta es la única mención a los gases lacrimógenos en todo el documento, ya que no se aplica a ningún otro conflicto. (Esta selección de Israel también apareció en el informe 2019-2020).

El informe de julio de 2022 afirma que la ONU “verificó la detención de 637 niños palestinos por presuntos delitos de seguridad por parte de las fuerzas israelíes en Cisjordania ocupada, incluidos 557 en Jerusalén Este”. Sin embargo, la detención de jóvenes, un tema principal de la defensa de DNI-P (ver arriba), no se considera una violación grave.

Incluso si lo fuera, los datos de la ONU están sesgados al combinar los incidentes de Cisjordania y Jerusalén Este. Según la ley israelí, todos los residentes de Jerusalén están sujetos a procedimientos civiles: arrestados por la policía civil y juzgados en tribunales nacionales. Así, el 87% de los menores detenidos son irrelevantes para una discusión sobre “Niños y Conflicto Armado”. Además, esta estadística no hace referencia al porcentaje de detenidos que estuvieron involucrados o se sospecha que estuvieron involucrados en ataques terroristas.

Además, desde al menos 2019, cada informe anual de derechos humanos del Departamento de Estado ha registrado una disminución en el número de menores palestinos detenidos por Israel, en relación con el año anterior:

En los últimos años, los miembros del "grupo de trabajo" de ONG de UNICEF han inventado estándares nuevos y más flexibles para alegar violaciones israelíes contra estudiantes y escuelas palestinas.

La Nota de orientación de la ONU sobre ataques a escuelas exige que un incidente debe tener un "vínculo claro" con la educación para ser considerado un ataque a una escuela.1

En una publicación de abril de 2020 sobre la educación en Cisjordania, Save the Children, que figura como miembro del "grupo de trabajo" de UNICEF, ignora el estándar de la ONU y aplica una "definición" más flexible con menos necesidad de demostrar que una persona o un sitio específico fue objetivo debido a su relación con la educación.

El informe de la CAAC de 2022 reclamó la verificación de 1.582 casos de denegación israelí de acceso humanitario, afirmando que "alrededor del 38 por ciento de las solicitudes de permisos a las autoridades israelíes para que los niños salieran por el cruce de Erez para acceder a tratamiento médico especializado fuera de Gaza se retrasaron o denegaron, lo que afectó a 1.581 aplicaciones".

Se proporcionan pocos detalles o referencias para verificar tales afirmaciones. De todos modos, contrariamente a la premisa de la ONU, Israel no está obligado a permitir que los residentes de Gaza ingresen a Israel para recibir tratamiento médico, al igual que no tiene la obligación de permitir el acceso dentro de sus fronteras a ningún otro grupo de no israelíes que vivan fuera del país. A diferencia de las otras cinco violaciones graves, la denegación del acceso humanitario, incluso si hubiera ocurrido en este contexto, no es una violación de la lista que desencadene la inclusión en el anexo.

Además, los datos sobre el paso entre Israel y Gaza a través del cruce de Erez sugieren fuertemente que las restricciones de COVID jugaron un factor importante en la determinación de la política de aprobación de permisos durante el período cubierto por el informe del Secretario General: aumentos significativos en las aprobaciones coinciden con la implementación de políticas palestinas para aumentar las tasas de vacunación.

Los informes anteriores de CAAC han incluido información sobre incidentes que presuntamente involucran a civiles israelíes en Cisjordania, sin la participación de las FDI. Dichos incidentes no están dentro del ámbito de la CAAC y no deben considerarse como parte de la discusión sobre la inclusión de la IDF.

Según el informe de la CAAC de 2022, "el mayor número de violaciones graves se verificó en Afganistán, la República Democrática del Congo, Israel y el Territorio Palestino Ocupado, Somalia, la República Árabe Siria y Yemen".

De estos, las violaciones graves objetivamente más graves de asesinato, reclutamiento y uso, y violencia sexual representaron un porcentaje minúsculo de las violaciones graves denunciadas en el conflicto israelí-palestino. Como se describió anteriormente, violaciones como mutilaciones, ataques a escuelas y denegación de acceso humanitario han sido manipuladas por actores sesgados y politizados para inflar las supuestas irregularidades de las FDI.

Varios gobiernos extranjeros apoyan las actividades de las ONG relacionadas con CAAC. Esto incluye financiamiento explícito para proyectos relacionados con CAAC, así como apoyo para UNICEF, ONG miembros de su "grupo de trabajo" y otros que hacen campaña sobre este tema:

Paginas

Informes

El 11 de julio, el Secretario General de la ONU publicó su informe anual sobre Niños en Conflictos Armados (CAAC), que trata sobre la violación de los derechos de los niños en zonas de conflicto en 2021. Este año, la ONU nuevamente presenta estadísticas engañosas y adopta estándares inventados para para avanzar una narrativa de que las FDI violan los derechos de los menores palestinos

Informes

El Secretario General de las Naciones Unidas publicó el informe anual sobre "violaciones graves" en el contexto de los niños y los conflictos armados para 2020.

Informes

Las ONG palestinas e internacionales, financiadas por los gobiernos europeos y trabajando en conjunto con la sucursal de Gaza y Cisjordania de UNICEF, han desarrollado una campaña extensa, utilizando cargos falsos de abuso de niños palestinos en un esfuerzo por desencadenar sanciones contra Israel.

Informes

UNICEF encabeza una campaña para incluir a Israel en una lista negra de la ONU de violadores "graves" de los derechos del niño. Esta agenda política es una faceta principal de las actividades de UNICEF relacionadas con Israel, completamente incompatible con su mandato de "protección infantil" y con sus directrices de neutralidad e imparcialidad.